Tendencia Económica No. 258

Editorial: La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), adoptada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024 contempla un aumento progresivo en los recursos asignados al SGP, que pasarán de representar el 25% de los ingresos corrientes de la nación en 2024 al 39,5% en 2038. En ausencia de ajustes compensatorios en el gasto público, y si el incremento en las transferencias se traduce directamente en mayor gasto, el déficit fiscal alcanzaría el 3,7% del PIB en 2027, deteriorándose gradualmente hasta llegar al 5,2% en 2038. No obstante, la implementación de esta reforma está supeditada a la expedición de una Ley de Competencias, la cual deberá definir los criterios de asignación por sector y entidad territorial, distribuir de manera clara las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno, y asegurar un impacto fiscal neutro que preserve la sostenibilidad de las finanzas públicas.

A partir de un análisis comparado con países de América Latina y de la OCDE, se observa que Colombia presenta un alto grado de descentralización fiscal. El gasto de los gobiernos locales, medido como proporción del gasto total del gobierno, equivale al 23%, una cifra superior al promedio de la OCDE, que se sitúa en el 18% del PIB. Sin embargo, el país aún presenta rezagos en las dimensiones político-administrativas, lo cual se evidencia en el índice de descentralización político-administrativa (RAI). Este indicador, que mide el grado de autonomía de los gobiernos subnacionales, ubica a Colombia con una puntuación de 15 en una escala de 0 a 100, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 16.

El documento enfatiza la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema de categorización de las entidades territoriales, basado en variables relacionadas con la capacidad de gestión y de los niveles de pobreza y desarrollo. Un mejor sistema de categorización permitirá que la asignación de competencias reconozca la heterogeneidad de capacidades institucionales y condiciones territoriales para garantizar un uso más eficiente de los recursos del SGP. Asimismo, se destaca la importancia de establecer mecanismos sólidos de monitoreo y evaluación, orientados a resultados y sustentados en indicadores claros, públicos y verificables. Además, se propone que la Ley de Competencias incorpore principios de transparencia y participación ciudadana como pilares fundamentales del modelo de descentralización. Finalmente, se concluye que el marco legal debe contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse tanto a las particularidades de cada territorio como a los ciclos económicos, garantizando una descentralización efectiva, equitativa y fiscalmente sostenible.

Actualidad: En el primer trimestre de 2025, la economía colombiana registró un crecimiento anual del 2,7%, levemente por encima del 2,6% observado en el trimestre anterior. Desde el enfoque de la oferta, este resultado estuvo impulsado por el dinamismo de las actividades artísticas (15,4%), agropecuarias (5,9%), comerciales (4,7%) y de administración pública (3,7%), que en conjunto aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento. Por el lado de la demanda, predominó el dinamismo del consumo privado (4,4%) y la formación bruta de capital (8,2%), cuyo crecimiento obedeció a la acumulación de inventarios, ya que la inversión —medida a través de la formación bruta de capital fijo— registró una contracción de 0,1%. En cuanto al comercio exterior, las importaciones aumentaron 12,4%, en línea con la expansión del consumo privado, mientras que las exportaciones crecieron 0,7%.

Si bien el resultado global del crecimiento económico en el primer trimestre de 2025 fue positivo, su composición desde el enfoque de la demanda revela un patrón poco favorable. El mayor dinamismo del consumo privado se dio en detrimento de la inversión, lo que profundizó la reconfiguración de la demanda agregada observada tras la pandemia, reflejando una menor acumulación de capital productivo y comprometiendo el crecimiento potencial de la economía. Con base en un ejercicio contrafactual, Fedesarrollo estimó que, de haberse mantenido la composición de la demanda previa a la pandemia, el PIB habría crecido, en promedio, 0,5 puntos porcentuales más entre 2020 y 2025. Este resultado evidencia que la composición actual del crecimiento limita la capacidad del país para alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 4,0% y avanzar en la generación de empleo y la reducción de la pobreza.