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Construir una carretera, una línea de transmisión eléctrica o cualquier otro proyecto estratégico en Colombia puede convertirse en un proceso de varios años antes de que comiencen las obras. El licenciamiento ambiental, que por ley tiene un plazo de 90 días hábiles, ha llegado a tardar hasta 800 días en algunos casos, mientras que la falta de reglas claras para la consulta previa también ha terminado prolongando iniciativas consideradas prioritarias para el país.

Ese es uno de los principales problemas que identifica Fedesarrollo en un documento de política elaborado de cara al gobierno 2026-2030. El centro de estudios sostiene que Colombia enfrenta un rezago en infraestructura de transporte y energía que compromete su competitividad y seguridad energética, pero advierte que la solución no pasa por reducir las garantías ambientales o los derechos de las comunidades.

El problema, según el diagnóstico, está en la manera como actualmente funcionan estos procesos: hay falta de coordinación entre entidades, capacidades técnicas insuficientes, reglas que no son estables y un Estado que, en la práctica, ha terminado dejando buena parte de la gestión en manos de los desarrolladores.

El diagnóstico parte de las dificultades que enfrenta el país en materia de infraestructura. Colombia ocupa el puesto 92 entre 141 países en competitividad y apenas el 14 por ciento de su red vial se encuentra en buen estado. A esto se suma que el 97 por ciento de la carga se moviliza por carretera.

En materia energética, el documento señala que la matriz eléctrica colombiana, altamente dependiente de la generación hídrica, ya proyecta faltantes mientras la demanda continúa creciendo. Entre los factores que presionarán el sistema está el aumento de las necesidades de enfriamiento, que podría representar el 42,8 por ciento en 2030.

Licencias de hasta 800 días

El licenciamiento ambiental aparece como uno de los principales cuellos de botella identificados por el informe. Aunque el plazo legal previsto es de 90 días hábiles, algunas autoridades han tardado hasta 800 días en completar los procesos.

Además, en una muestra de 76 trámites analizada por Fedesarrollo, el permiso de aprovechamiento forestal explicó el 46 por ciento de los retrasos.

El documento atribuye parte de estas dificultades a la descoordinación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). También identifica limitaciones de recursos y capacidad técnica, especialmente en las CAR, además del uso de términos de referencia considerados genéricos.

Para los investigadores, una muestra de que es posible acelerar estos procedimientos sin reducir los controles está en el nuevo marco aplicado a proyectos solares. Según el informe, este permitió reducir el tiempo de evaluación ambiental de 152 a 40 días.

La consulta previa, otro punto crítico

La consulta previa es el segundo gran eje del diagnóstico. Colombia, señala Fedesarrollo, no cuenta con una ley estatutaria que regule este derecho, por lo que buena parte de su procedimiento se ha definido caso por caso a través de decisiones de la Corte.

El mecanismo aplica a una fracción de los proyectos, estimada en cerca del 16,8 por ciento, pero puede convertirse en un factor determinante cuando se trata de iniciativas consideradas estratégicas.

El informe cita como ejemplo el proyecto de la Línea Colectora (conectará 7 parques eólicos localizados en La Guajira al Sistema Interconectado Nacional), en el que el número de consultas pasó de unas 130 a más de 240 debido a la falta de delimitación. Esto, según el documento, generó cerca de cuatro años de retraso.

Fedesarrollo plantea que el Estado ha terminado delegando de facto la gestión de estos procesos en los desarrolladores. Esta situación, sostiene, genera asimetrías y ha convertido a la consulta previa en el principal canal para reclamar inversiones sociales que no llegaron previamente a los territorios.

A esto se suman externalidades que, de acuerdo con el diagnóstico, no siempre reciben una compensación adecuada. El ruido, la pérdida de valor de los predios o las alteraciones de las actividades agrícolas pueden alimentar la oposición a los proyectos. El documento también alerta sobre riesgos de corrupción y menciona los abusos asociados al llamado “cartel de la consulta previa”.

El Estado debería asumir el liderazgo

La principal propuesta de Fedesarrollo es que el Estado retome el liderazgo de los procesos de licenciamiento y consulta previa, especialmente en los proyectos considerados estratégicos.

El documento propone una instancia de coordinación intersectorial de alto nivel que articule a las entidades involucradas, establezca lineamientos unificados, priorice iniciativas y resuelva conflictos de competencia. En los proyectos estratégicos, plantea que el Estado tramite la licencia y la consulta antes de que los proyectos sean licitados.

La entidad también propone que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lidere cada cuatro años una priorización rigurosa de los proyectos, siguiendo referentes como el Infrastructure Prioritization Framework del Banco Mundial.

Otra de las recomendaciones consiste en realizar inversiones públicas preoperativas con enfoque territorial, utilizando instrumentos como Obras por Impuestos, FENOGE y pagos por servicios ambientales, con el objetivo de que la consulta previa no termine siendo el único mecanismo mediante el cual las comunidades acceden a servicios básicos o inversiones.

En paralelo, Fedesarrollo propone establecer esquemas de compensación más claros y transparentes, que podrían incluir fondos comunitarios, copropiedad local, reparto de regalías y descuentos tarifarios. La idea es que las comunidades puedan convertirse en socias de los proyectos y no únicamente en receptoras de compensaciones.

Una agenda para el próximo gobierno

El documento plantea que las medidas pueden implementarse sin una reforma legal inmediata y propone una agenda escalonada.

Durante los primeros 100 días, recomienda que el Estado retome el liderazgo de la consulta previa y el licenciamiento, publique criterios de priorización estratégica y fortalezca la ventanilla única ambiental, con mecanismos para asignar competencias entre la Anla, las CAR y el Ministerio de Ambiente y monitorear los tiempos de los trámites.

Durante el primer año, plantea ampliar la simplificación y la exención de licencia para proyectos de bajo impacto ubicados sobre trazados o zonas ya intervenidas, además de fortalecer la capacidad técnica y la coordinación de la Anla, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) y las CAR.

En el mediano plazo, la propuesta es tramitar una Ley Estatutaria de Consulta Previa que establezca reglas sobre tiempos, afectación directa, alcance territorial y cierre de los procesos. También plantea crear un Registro Único de Pueblos que aporte certeza sobre quiénes y dónde deben ser consultados.

Finalmente, Fedesarrollo propone una reforma estructural de las CAR, que incluya reducir su número, profesionalizar sus equipos y alinear sus inversiones con los corredores prioritarios.

El documento concluye que el país no tiene que escoger entre desarrollo de infraestructura, protección ambiental y derechos de las comunidades. Para Fedesarrollo, la combinación de priorización estratégica, inversiones habilitantes, reglas claras y esquemas transparentes de compensación permitiría acelerar los proyectos estratégicos sin sacrificar las garantías ambientales y sociales.

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