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Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, analiza en esta entrevista las preocupaciones que deja el presupuesto de 2027, que el Gobierno de De la Espriella radicó por COP 634,9 billones. También plantea cuáles son los caminos que tiene Colombia para mejorar sus cuentas fiscales y explica las ocho hojas de ruta que Fedesarrollo presentó al nuevo Gobierno en temas clave como el frente fiscal, energía, salud y seguridad.

¿Cómo se ven las cuentas fiscales en el presupuesto 2027 y qué tan claras están?

Se ven preocupantes y no están lo suficientemente claras todavía. Con el presupuesto que el Gobierno le entregó al Congreso hay más preguntas que respuestas: es saludable sincerar el tamaño del hueco, pero queda un sinsabor. Tenemos que dar un compás de espera, tener paciencia con la nueva administración que se encontró con un problema muy grande, pero estamos expectantes porque el déficit es muy alto y no sabemos cómo se va a financiar.

El presupuesto presenta un recorte de ingresos de cerca de 1 % del PIB y suma 2 % en intereses que no estaban bien contabilizados, aparentemente. Con esa cifra, tendríamos un déficit fiscal de 9,4 % en 2027. El Gobierno anunció una ley de rescate con la que llevaría el déficit fiscal a 7 %, que igual es un nivel complicado. Cuando un país tiene sus finanzas desordenadas, el mercado castiga. En este momento, se estima que uno de cada tres pesos de recaudo se está yendo en intereses de la deuda.

Habría sido ideal que el Gobierno presentara el gasto por bloques. En el sector salud y en el sector energético había deudas pendientes que es necesario resolver pronto y eso, por ejemplo, no lo veo por ninguna parte. Tenemos un problema de seguridad que está siendo un desafío para el desarrollo y para la inversión, pero no hay ningún gasto adicional en el presupuesto para atender el tema.

Los analistas ya habían advertido que el déficit fiscal del próximo año sería mayor, pero no se esperaba un hueco tan grande. ¿Qué faltaba incluir en esas cuentas?

Habíamos advertido que el déficit era probablemente más grande por las deudas de Air-e, el rezago en el pago de subsidios a las distribuidoras, las deudas del sector de la salud con los gobiernos subnacionales y el tema de seguridad. Pero lo que nadie tenía claro es que los intereses estaban mal contabilizados o que no los conocíamos.

Además no entendemos por qué los ingresos caen 1 %. La verdad, la preocupación es grande: incluso si todo sale bien para el Gobierno, en términos del plan anunciado vamos a tener un déficit del orden de 7 %. Debemos converger a un acuerdo para lograr las eficiencias de gasto que sean posibles, recortar las “arandelas”, pero también pensar desde el lado de los ingresos.

No tenemos la información completa porque solo tenemos los datos de un año. Entonces, falta que el Gobierno nos cuente cómo va a financiar el presupuesto que presentó y cómo se ve la senda de disciplina fiscal en los próximos cuatro años.

Para 2027, ¿parece viable lograr el ajuste sin nuevos ingresos?

No creo. Pero hay maneras de pensar los ingresos: una vía es aumentar los impuestos, pero otra es sanear la base sobre la que se tributa. En el caso del IVA hay una cantidad de servicios y de bienes que están totalmente exentos o que tienen tasas reducidas. Perdemos cerca de seis puntos del PIB en recaudo por tener la base “agujereada”. Si se eliminan las exenciones y se establece una estrategia para compensar a las familias más pobres, habría una fuente de recaudo grande. La efectividad del IVA en Colombia es de 37 % versus 56 % en los países de la OCDE.

Hay una reforma pendiente grande sobre el tratamiento tributario del sector productivo, que es malsano y no facilita el crecimiento. Pero hasta que no ordenemos la casa completa, trataría de postergar el momento de ordenar la tributación del sector productivo para poder hacerlo bien y no con tratamientos especiales.

Y desde el enfoque del gasto: ¿qué tan fácil es recortar?

Mucho del aumento en gasto de los últimos años viene del “contrato social”: pensiones, salud, transferencias en el Sistema General de Participaciones. Vemos que una parte del gasto, que no suma más de COP 20 billones, tiene un espacio de mayor discrecionalidad, lo que generalmente se conoce como “otras transferencias”. Falta conocer qué está pensando el Gobierno porque se anunció un recorte de COP 45 billones en un solo año y, francamente, todavía no vemos cómo puede ocurrir.

Uno podría, por ejemplo, pensar en focalizar mejor los subsidios a los servicios públicos domiciliarios, pero para ese tipo de ajustes se requiere ley y una reflexión cuidadosa. Espero que en la ley fiscal o en la ley de rescate económico el Gobierno evite incluir ajustes en diseños regulatorios que no se pueden hacer de un brochazo.

A esta compleja situación fiscal se sumó el terremoto. ¿En este momento está claro de dónde saldrá la plata?

El ministro de Hacienda ha dicho que en el presupuesto hay una partida de COP 4 billones que se va a destinar para transferencias a las personas damnificadas y que se espera que la reconstrucción corra por cuenta del sector privado. Eso me preocupa, porque si bien el esfuerzo de filantropía del sector privado es inmenso, solo cubre una pequeña parte de las necesidades.

Estiman que el costo de la reconstrucción es del orden de COP 30 billones, por lo que debe existir un esfuerzo complementario desde lo público para la reconstrucción de centros de salud, escuelas y demás infraestructura pública.

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