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Fedesarrollo publicó ocho documentos de política pública para el gobierno 2026-2030 en un momento en que su directora, Marcela Meléndez, dice que ni siquiera es posible descifrar las cuentas que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa. 

"Todavía creo que no tenemos suficiente información", afirmó Meléndez en entrevista con Portafolio. Con el presupuesto presentado, agregó, "es imposible saber qué parte es sinceramiento de cosas de años anteriores, qué parte es el gasto adicional que se requerirá por el terremoto y qué parte es el ajuste que propone el gobierno".

 La directora del centro de pensamiento describió un presupuesto con ingresos un punto del PIB por debajo de lo previsto, sin una explicación de por qué se reducen, y dos puntos adicionales en intereses, un efecto tanto de volumen como de tasa. El resultado es un déficit tres puntos más alto de lo que se anticipaba.

Los mercados ya se movieron. "La tasa de interés de largo plazo de los TES ya dio su brinco, la tasa de cambio también ya dio su brinco", comentó Meléndez, quien calificó esas reacciones como pequeñas frente a lo que podrían llegar a ser. Lo que ocurra después, sostuvo, depende de que se entienda cómo se financia el faltante.

El siguiente punto de quiebre es la ley de rescate económico que anunció el gobierno. De ella, sostuvo, dependen "una cantidad de cosas", porque permitirá medir qué tan consolidado es el plan y si el Congreso lo deja pasar. "Yo confío que hay unos equipos técnicos adentro del Ministerio de Hacienda haciendo todos los esfuerzos para poder pintarle al país y a los mercados un plan donde nos ordenemos, porque es que de eso va a depender todo", señaló.

Los documentos de Fedesarrollo (una práctica que la entidad repite al inicio de cada gobierno para acompañar la discusión del Plan de Desarrollo) cubren crimen organizado, salud, corrupción, licenciamiento ambiental, justicia, el reto fiscal, educación y energía. Cuatro de ellos concentran hoy el esfuerzo de la institución.

El diagnóstico fiscal que traen es el más severo. El déficit primario estimado para 2026 llega a 3,6% del PIB, frente a un promedio de 0,3% entre 2004 y 2019. La deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubica en 58,5% del PIB, contra 48,4% en 2019. La tasa de los TES a 10 años pasó de 6,4% en 2019 a 13,2% en marzo de 2026. El ajuste requerido, según el consenso técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la Mesa Fiscal y el propio Fedesarrollo, es de entre 4% y 5% del PIB.

"Hay que ordenar la casa desde lo fiscal porque es como el terreno sobre el cual todo lo demás ocurre o deja de ocurrir si no nos ordenamos bien", dijo Meléndez.

Dos sectores concentran pasivos que aún no aparecen despejados en las cuentas públicas. En salud, la deuda se mueve entre $25 billones y $50 billones dependiendo de quién la cuente, y Meléndez aseveró que todavía no se entiende dónde queda esa revelación dentro del presupuesto. El documento de Fedesarrollo cifra en entre $25,7 billones y $32,9 billones la deuda de las EPS con hospitales, clínicas y farmacéuticas, y calcula el patrimonio neto consolidado de esas entidades en –$10,2 billones. La siniestralidad del sistema llegó a 109,5% en 2025: gasta más de lo que recibe por unidad de pago por capitación.

 En energía, las deudas rondan $12 billones, de los cuales $6 billones corresponden a Air-e y el resto a un rezago de subsidios. El documento sectorial estima que un racionamiento simultáneo de electricidad y gas costaría 1,5% del PIB y empujaría a la pobreza a 250.000 personas. Las reservas probadas de gas cayeron de 5.727 a 2.373 gigapiés cúbicos entre 2012 y 2023, y la entidad calcula en US$30.000 millones la inversión que hay que movilizar en cuatro años para evitar la crisis.

La tesis de Fedesarrollo en salud es que el problema no se agota en los escándalos. "Hay unos problemas estructurales de financiamiento del sector de la salud", manifestó Meléndez. 

A eso se suma una brecha territorial: cerca de 3,5 millones de personas viven en 11 departamentos con un déficit de oferta grande, y 45% de los especialistas está concentrado en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El país tiene alrededor de dos camas hospitalarias y un médico y medio por cada 1.000 habitantes. Rediseñar el aseguramiento es inevitable, recalcó, porque "los planes de aseguramiento infinitos no existen o no son creíbles si hay un presupuesto limitado". 

El documento de crimen organizado es el más atípico para la entidad. Fedesarrollo armó un grupo de seguridad y justicia y una alianza con otros actores para entrar en un debate que no forma parte de su tradición. "Colombia debe dejar de hablar de conflicto armado y hablar de frente del problema que tiene que encarar", anotó Meléndez. 

Las cifras dimensionan el negocio: 261.000 hectáreas de coca sembradas en 2024, el máximo histórico registrado en el país; US$16.500 millones en ingresos anuales del narcotráfico para grupos criminales, equivalentes a 4,4% del PIB; y una minería ilegal de oro que capta 1% del PIB con el oro a US$5.000 la onza, con cerca de 76% de la extracción aluvial sin título ni licencia. En 2025 se registraron 13.441 denuncias de extorsión y apenas 4% llegó a imputación.

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