Más de 13.000 consultas previas en 15 años: así está el debate para reformar este trámite en Colombia
Publicada en El Colombiano el 7 de septiembre de 2026
La discusión sobre el futuro de la consulta previa y la eficiencia de las licencias ambientales tomó un nuevo impulso en Colombia. El Gobierno Nacional abrió formalmente el debate para modificar la estructura de estos procedimientos y establecer reglas más claras.
La iniciativa busca destrabar proyectos detenidos por trámites administrativos, garantizando, al mismo tiempo, que no se elimine la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos étnicos.
El diagnóstico actual refleja un alto nivel de represamiento institucional. De acuerdo con el senador Juan Espinal, entre 2011 y 2026 se han adelantado más de 13.000 procesos de consulta previa en el país, de los cuales cerca de 1.350 corresponden a lo corrido de 2026. De hecho, según el viceministro de Minas, Luis Francisco Madriñán, “el 85 % de las consultas previas en el continente están concentradas en Colombia”.
“En los últimos cuatro años, solo el 16% de los trámites logró llegar a la fase de protocolización de acuerdos, mientras que aproximadamente el 77% continúa activo. Un dato crítico es que el 31% de estos procesos activos lleva más de cuatro años totalmente detenido, sin lograr una decisión definitiva. Esta situación impacta proyectos considerados urgentes para la seguridad energética del país”, indicó Espinal durante el Congreso Nacional de Minería.
Fedesarrollo: reforma estructural
Para Fedesarrollo, sin embargo, el problema va más allá de los tiempos de los trámites. Daniel Wiesner, investigador asociado de la entidad, señala que existe una alta incertidumbre jurídica relacionada con la ausencia de una ley estatutaria y con el cambio del criterio de presencia física al de susceptibilidad de afectación directa.
“Aunque el proceso de consulta previa solo aplica a cerca del 16,8% de los proyectos a nivel nacional, impacta de manera sustancial la ejecución de obras estratégicas de infraestructura vial y energética en territorios étnicos”, señaló.
Por eso, la propuesta apunta a modificar la forma en que el Estado aborda estos procesos desde antes de que los proyectos lleguen a manos de empresas privadas.
Una de las recomendaciones es que el Estado adelante las consultas previas y la oferta social de servicios básicos antes de licitar proyectos estratégicos, de modo que parte de las obligaciones y eventuales conflictos con las comunidades se resuelvan previamente.
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