La inflación presupuestal
Publicada en El Universal el 14 de diciembre de 2025
Como se recordará, esta vez, a diferencia de lo acaecido en 2024, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026, evitando así el decretazo con el que amenazaba el Ejecutivo para su expedición, como ocurrió con el PGN de la actual vigencia. El monto original propuesto por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue de $556.9 billones, pero al final se aprobó por parte del Congreso $546.9 billones, luego de que el ministro Ávila, ante su reticencia, accediera a reducirlo en $10 billones. De esta manera, el desfinanciamiento del presupuesto, calculado en $26.3 billones, aunque para el Comité independiente de la Regla fiscal (CIRF) superaba los $40 billones, se tornaba en los $16.3 billones.
Según el ministro Ávila, “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa Ley”, refiriéndose al proyecto de ley de financiamiento, que es como ahora denominan las reformas tributarias para hacerlas más digeribles a la opinión pública. Dicho de otra manera, el ministro asumió que si se había aprobado por parte del Congreso dicho presupuesto, a sabiendas de su desfinanciamiento del orden de los $16. 3 billones, se obligaba a aprobarla sin reparo. Pero el Congreso desoyó los ruegos del ministro y hundió el proyecto de marras. Y no propiamente porque ello sea, como sostuvo el ministro Ávila, una “vendetta contra el Gobierno” y mucho menos que su desaprobación por parte del Congreso “no es un voto en contra del Gobierno Petro, es un voto en contra de las regiones, es un voto en contra de la inversión”.
La reacción del ministro Ávila no se hizo esperar, para él “con en la fábula del Quijote, la razón de la sin razón, era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las complicaciones para el equilibrio fiscal del país de no tener en cuenta esta ley de financiamiento”. No obstante, a juicio del Director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no se justifica esta recriminación del ministro al Congreso, pues “resulta insostenible argumentar que una afectación del 3%”, que es lo que representan los $16.3 billones con respecto al monto total del presupuesto aprobado, “comprometa la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.
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