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Pese a que actualmente se encuentra sin efectos jurídicos, la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno a finales de 2025 sigue en el centro del debate público del país, donde nuevamente enfrenta crecientes cuestionamientos técnicos que ponen en duda su viabilidad jurídica.

Un reciente análisis de Fedesarrollo concluye que el sustento económico resulta insuficiente para decretar el estado de emergencia”, al no cumplir de forma clara con los criterios exigidos por la Constitución, generando así un reparo que ensombrece el futuro de la medida en la Corte Constitucional.

Cabe recordar que el decreto de emergencia se adoptó en un contexto de presiones fiscales, tras el archivo de la Ley de Financiamiento y la existencia de un faltante para cubrir el Presupuesto General de la Nación de 2026 y en ese marco, el Gobierno expidió medidas tributarias extraordinarias con las que buscaba recaudar $11,1 billones, equivalentes a 0,6% del PIB, con el argumento de garantizar derechos de la población más vulnerable ante una coyuntura excepcional.

Sin embargo, el análisis de Fedesarrollo señala que la situación fiscal no configura, por sí misma, una perturbación extraordinaria del orden económico. Las presiones sobre el gasto, el deterioro del balance primario y las dificultades de liquidez responden a un problema estructural de las finanzas públicas, que debió ser atendido dentro del marco ordinario de la programación fiscal y presupuestal”.

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