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La semana pasada el presidente anunció que el Gobierno buscaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como parte de la estrategia para ordenar las finanzas públicas. En distintos espacios me han preguntado qué significa esto, y he respondido que es una buena noticia. Les cuento por partes.

El origen del problema es que el gasto necesario en Colombia para cubrir el funcionamiento del Estado, pagar los intereses de la deuda y realizar inversiones excede los ingresos, y esa diferencia se financia con deuda. Cuando esto ocurre un año o dos, pero se vislumbra la posibilidad de nuevas fuentes de ingreso o de recortar gastos innecesarios en el corto plazo, el descalce entre ingresos y gastos se maneja. El país se endeuda un poco, pero existe un plan de repago creíble. Cuando, por el contrario, el descalce es sistemático y hay compromisos de gasto crecientes, se dice que el nivel de deuda es insostenible. Como les ocurre a las personas, cuando el sistema financiero duda de la solvencia del deudor, cada vez es más difícil acceder a financiamiento a bajo costo: la deuda se encarece y, eventualmente, se cierra por completo la capacidad de acceder a nuevos créditos. Así es como las familias terminan en el ‘gota a gota’, pagando tasas de interés absurdamente altas. Así es como las personas y las familias se quiebran. Y así está Colombia el 6 de octubre de 2026. No sé cómo asustarlos lo suficiente.

Aunque es cierto que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se tomaron malas decisiones que afectaron las finanzas públicas (la peor de ellas, detener la exploración y explotación de los combustibles fósiles, impidiéndole a Colombia aprovechar la coyuntura de precios altos del petróleo para financiar el desarrollo y la misma transición energética), una parte sustancial del incremento del gasto público entre 2022 y 2026 no corresponde a gasto discrecional del gobierno de turno. Aproximadamente 52 billones de pesos de un aumento total de 63 billones corresponden a compromisos adquiridos hace más de veinte años, cuando se diseñó nuestro sistema de seguridad social —salud y pensiones— en su forma actual, y a gastos atados a los ingresos, también por diseño, como las transferencias a los gobiernos subnacionales. El gasto discrecional del Gobierno, lo que puede recortarse de un día para otro, es del orden de 20 billones de pesos. Los cálculos que hemos hecho en Fedesarrollo indican que solo una tercera parte del gasto público podría reducirse el año entrante con la ayuda del Congreso (mediante cambios de ley). 

Estamos hablando de tener un experto técnico independiente que acuerde y avale las decisiones del Gobierno, dándole al mundo una señal de nuestra decisión de poner la casa en orden.

Por eso, la ley de rescate fiscal que ha anunciado el Gobierno genera tanta anticipación: el margen para recortar el gasto es limitado, y es urgente darles a los mercados la señal de que hay un plan para ordenar las finanzas de la Nación. Colombia necesita trazar una senda creíble de ingresos y gastos en la que se reduzca la deuda a un nivel sostenible en el mediano plazo. Esto es a lo que nos puede ayudar el Fondo Monetario. Estamos hablando de tener un experto técnico independiente que acuerde y avale las decisiones del Gobierno, dándole al mundo una señal de nuestra decisión de poner la casa en orden. Recuperar la confianza en la manera como se maneja la plata trae consigo la posibilidad de pagar menos intereses, liberar recursos para propósitos mejores y crear las condiciones para que se materialicen grandes inversiones generadoras de empleo y de recursos tributarios.

Prender el motor de la economía requiere solucionar este problema. Es cierto que el Fondo puede proponer un camino exigente de disciplina fiscal, pero será el Gobierno el que, al final, decida. Y celebro que el Fondo ponga sobre la mesa la necesidad de conversar sobre las exenciones del IVA, porque la mayoría de ellas no llegan a las familias más pobres y, en cambio, sí representan inmensos recursos que la Nación pierde y podría usar para financiar el desarrollo del país.

Directora ejecutiva de Fedesarrollo

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