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El aumento de 23 por ciento del salario mínimo que decretó el gobierno de Gustavo Petro, lo que representa 17,9 puntos porcentuales por encima de la inflación (5,10 por ciento), podría generar una pérdida de hasta 600.000 empleos formales en el país.

Así lo asegura un informe del centro de pensamiento Fedesarrollo, el cual indica que este incremento eleva los costos de contratación de los trabajadores formales de las empresas de tal forma que podría ser negativo.

“Podría incidir en las decisiones de contratación, en la fijación de precios de bienes y servicios y llevar al banco central a aumentar las tasas de interés. En consecuencia, puede afectar el crecimiento de la economía”, se puede leer en el análisis firmado por la economista Ximena Cadena.

En concreto, señala que las empresas podrían reaccionar de diferente manera: desde reducir la demanda de empleo formal hasta sustituirla por contratación informal, ajustar su planta de personal o adoptar tecnologías que disminuyan la necesidad de mano de obra.

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