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La reducción de la tasa de desempleo es una de las noticias más favorables con las que la economía colombiana terminó el 2025. Según el más reciente informe del Dane sobre mercado laboral, en diciembre pasado la tasa de desocupación total nacional reportó un 8 %, 1,1 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2024.

En promedio, en los doce meses de 2025, Colombia registró una tasa de desempleo de 8,9 %, la más baja de lo corrido del siglo. Para un aparato productivo que lucha constantemente con niveles de desocupación de dos dígitos, esta senda de reducción, que lleva ya varios meses, se ha sostenido con el aumento de la población de ocupados.

No obstante estas tendencias favorables, una fotografía más detallada de este empleo generado continúa levantando preguntas sobre su calidad y su estabilidad. En promedio, durante 2025 la economía nacional generó unos 791.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 379.00 clasifican en la categoría de “cuenta propia”. Es decir, el 47,9 % de estos empleos creados caen dentro de un alto riesgo de informalidad.

Tampoco se debe pasar por alto el peso considerable que tuvo en la generación de empleo formal el sector relacionado con el Gobierno Nacional. En medio del debate sobre la necesidad de austeridad es innegable el efecto tenido por el derroche de burocracia en época preelectoral y la creación de miles de puestos de trabajo que no son indispensables en la administración pública, pero que profundizan los problemas fiscales.

Es un gran logro la tendencia favorable en la tasa de empleo, pero aún persisten las preguntas sobre su calidad y sostenibilidad.

De igual forma, que empleo formal e informal tengan unas dinámicas de crecimiento similares debe invitar a una discusión más profunda que incorpore la creación de puestos de trabajo con garantías. El Gobierno suele poner los focos en los resultados que le favorecen y muestra poco interés en encarar la discusión sobre cómo enfrentar la tasa de informalidad laboral, que marcó a diciembre pasado un 55,5 %, manteniéndose en proporciones demasiado elevadas.

Es urgente contar con políticas proactivas que traduzcan esta ocupación en puestos de trabajo con las protecciones de ley. Además, la formalidad laboral toca, vía aportes a salud y pensiones, a la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

A lo anterior se deben añadir los impactos, aún no establecidos de forma definitiva, del desproporcionado aumento de 23 % del salario mínimo para este año. Distintos centros de estudios económicos como Anif y Fedesarrollo han alertado de que los niveles de empleo en el país podrían afectarse negativamente por el mayor costo de contratación y el desincentivo a la vinculación laboral.

Adicionalmente, el incremento decretado por el Gobierno tendrá consecuencias sobre la inflación, las tasas de interés, los márgenes de las empresas, en especial mipymes, y la capacidad para invertir. Mientras Fedesarrollo calcula en unos 600.000 los puestos de trabajo formales que se perderían, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá estima en 110.000 los empleos en riesgo en la capital. Habrá que monitorear muy de cerca estos efectos del alza en sectores como alojamientos, comercio, restaurantes, construcción, entre otros.

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