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La corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Tras las movilizaciones más intensas del siglo XXI, y frente al creciente descontento social, es urgente fortalecer la confianza en las instituciones públicas y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales, tareas estrechamente vinculadas con la lucha contra la corrupción. La corrupción—entendida como el abuso de un poder encomendado para el beneficio privado en detrimento del interés general—socava el crecimiento futuro de la economía al impactar negativamente la cobertura y calidad de los servicios públicos y distorsionar la asignación de recursos en la economía (Mauro, 1995 y 1998; Acemoglu, 1995; Gupta et al 2002). En el ámbito político y social, la corrupción erosiona la legitimidad de las instituciones públicas y privadas, disminuye la confianza en la democracia, y deteriora el tejido social (Perry y Saavedra, 2018). Lo anterior, se refleja en la opinión pública, que percibe la corrupción como uno de los principales problemas del país. De hecho, según la encuesta de Invamer-Gallup, cuando iniciaron las movilizaciones en la última semana de abril del 2021 la corrupción era el problema más importante que tenía Colombia para el 32 por ciento de los encuestados, por encima de cualquier otro problema, al igual que en la última medición en el mes de agosto.

Fedesarrollo ha priorizado en los últimos años el análisis de políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción como una línea estratégica de la entidad. Este trabajo se ha materializado en diversas publicaciones con investigaciones internas y trabajos de investigadores externos, sobre varios elementos asociados a la corrupción en Colombia, incluyendo los riesgos de corrupción en la contratación pública, el análisis de redes de macrocorrupción, los determinantes de la corrupción a nivel subnacional, y el funcionamiento del sistema de justicia. Además, se han desarrollado trabajos generales que diagnostican la problemática de la corrupción en el país desde una perspectiva amplia y proponen recomendaciones en distintos sectores. Estos documentos, disponibles en la página de Fedesarrollo (ver documentos más abajo), y otros insumos de Transparencia por Colombia, Dejusticia, la Misión de Observación Electoral, la Universidad de los Andes, entre otros aportes a la literatura nacional sirvieron de insumo a las recomendaciones listadas en este documento.

Con miras a construir sobre esta base de conocimiento y generar propuestas concretas e implementables para reducir la corrupción, Fedesarrollo ha liderado desde enero de 2021 una Comisión de expertos anticorrupción. La comisión, conformada por representantes de la sociedad civil, la academia, y exfuncionarios públicos, tenía el mandato de debatir durante cinco meses los problemas asociados a la corrupción en tres áreas principales—la política electoral, la justicia y organismos de control, y la operación del Estado—y proponer recomendaciones para resolverlos. Fedesarrollo ha fungido como la secretaría técnica de la comisión, organizando su trabajo, elaborando insumos para las discusiones y desarrollando entrevistas.

 

Recomendaciones de la Misión por Priorización y Secuencia

1. Prioridad de corto plazo

1.2: Capacidad de investigar, regular y sancionar del Consejo Nacional Electoral con planta y presupuesto autónomo.

1.4: Garantizar la transparencia de ingresos y gastos de las campañas políticas.

2.2: Mejorar las técnicas y capacidad de investigación contra la corrupción usando ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis de redes y contexto, compartiendo material probatorio y creando carpetas digitales.

3.1: Limitar el abuso en el sector público de la contratación especial y las causales no competitivas de contratación.

3.4: Combatir las redes de corrupción en la contratación de las regiones del país con investigaciones más efectivas y esquemas de supervisión de las transferencias.

5.3: Digitalización del proceso legislativo para garantizar transparencia en la proposición de enmiendas, conciliaciones y el trámite general de las leyes.

5.6: Asegurar la trazabilidad de los recursos de cupos indicativos desde su asignación hasta su ejecución, con un proceso público y transparente.

 

2. Prioridad de mediano plazo

1.1: Autonomía del Consejo Nacional Electoral frente a los partidos políticos.

1.3: Financiamiento mayoritariamente público de las campañas políticas.

2.1: Mayor autonomía del Fiscal, Procurador y Contralor modificando el proceso de nominación, fortaleciendo las inhabilidades y evitando sobreposición de periodos con la presidencia y el Congreso.

2.3: Concentrar las funciones de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción.

2.4: Escindir las funciones de auditoría y sanción fiscal de la Contraloría, crear una jurisdicción fiscal y eliminar las contralorías territoriales.

2.6: Fortalecer la independencia política, transparencia, y mecanismos de sanción de los magistrados de las altas cortes.

4.1: Crear un esquema de transición de prestación de servicios a planta sin un aumento en el gasto fiscal. 4.2: Fortalecimiento del diseño y ejecución de la política de talento humano en el Estado y del servicio civil.

5.7: Utilizar esquemas no discrecionales y generales de asignación de subsidios en todos los niveles de gobierno y digitalizar los trámites de servicios del Estado.

6.1: Prohibir el uso del efectivo para transacciones de inmuebles, vehículos y otros por encima de 10 millones de pesos.

6.4: Fortalecer la cultura de la legalidad con campañas pedagógicas para toda la sociedad y establecer programas y revisiones curriculares en el sector educativo.

 

3. Complementaria de corto plazo

1.6: Homologar las condiciones de las candidaturas independientes a las de los partidos políticos.

2.9: Mejorar los estándares de calidad de la educación jurídica y crear códigos de ética en el derecho.

3.5: Mejorar el Talento Humano en las oficinas de contratación estatal.

3.6: Garantizar la calidad en el registro de la información sobre contratación pública.

6.3: Mejorar estándares de lucha contra la corrupción en el sector privado.

6.6: Ofrecer información a la ciudadanía sobre la lucha contra la corrupción mediante la difusión de datos sistematizados, abiertos y comparables

6.7: Evaluación del impacto de los organismos de control en la lucha contra la corrupción.

 

4. Complementaria de mediano plazo

1.5: Tránsito gradual a listas cerradas.

2.5: Garantizar la protección de los derechos de los funcionarios públicos sujetos a investigaciones.

2.7: Evitar captura judicial con rotación regional de jueces, reducción de la provisionalidad y protección al denunciante en la Rama Judicial.

2.8: Profundizar la transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión de la Rama Judicial para fortalecer el control ciudadano.

3.2: Precisar las causales para poder realizar adiciones y modificaciones a los contratos.

3.3: Mejorar el gobierno corporativo de entidades del gobierno nacional con riesgo de corrupción en la contratación y el monitoreo a través de datos.

5.1: Crear un registro público, un código de buenas prácticas y regulación específica al cabildeo.

5.2: La Procuraduría debe garantizar el cumplimiento en el registro y calidad de la información en la declaración de patrimonio y conflictos de interés.

5.4: Independencia de las Superintendencias y comisiones reguladoras con periodos fijos no sujetos al periodo presidencial.

5.7: Limitar los cambios en el uso del suelo por fuera de la formulación de los POT y tener Corporaciones Autónomas Regionales independientes.

6.2: Eliminación gradual de las exenciones tributarias y tarifas especiales a personas jurídicas.

6.5: Promover la denuncia de la corrupción al garantizar la protección al denunciante.

 

Documentos de consulta: 

  1. Lucha integral contra la corrupción en Colombia: reflexiones y propuestas.
  2. Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política.

  3. Modernización de la administración de justicia a través de la inteligencia artificial.

  4. Ciclos políticos en la aprobación y ejecución de proyectos en el Sistema General de Regalías.

  5. El arte de la simulación: Casos emblemáticos de corrupción en México.

  6. Homologación de compras públicas en México.

  7. Mirada a las alertas de riesgo de corrupción del sistema de compra pública colombiano identificadas en el cálculo del índice con la metodología del IMCO.

  8. Macro-Corrupción y Cooptación Institucional en el departamento de Córdoba, Colombia.

  9. La eficiencia en el sector justicia colombiano, énfasis en la jurisdicción ordinaria. 

  10. Compras públicas y Big Data: Investigación en Chile sobre índice de riesgo de corrupción.

  11. Factores políticos e institucionales asociados a la corrupción en gobiernos subnacionales en Colombia.

  12. Compras públicas y Big Data: El caso mexicano.

  13. Evaluación de impacto de las nuevas declaraciones de intereses y patrimonio en Chile.

  14. Impacto de sistemas de selección por mérito, el caso de Chile post reforma.

  15. Índice de riesgo de corrupción en el sistema de compra pública colombiano a partir de una metodología desarrollada por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

  16. Nota Técnica Regional: Compras públicas y Big Data.

  17. Justicia y gasto público.

archivo:
Comisión de Expertos Anti-Corrupción

 

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