Políticas para abordar la pobreza y la desigualdad en América Latina

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Martes, Abril 27, 2021

Para reducir la pobreza y la desigualdad se requieren reformas estructurales que promuevan el crecimiento y la productividad: Luis Fernando Mejía

 

Este martes 27 de abril se llevó a cabo el evento “Políticas para abordar la pobreza y la desigualdad en América Latina”, organizado por el Fondo Monetario Internacional y que contó con la participación de la Subdirectora Gerente, Antoinette Sayeh; el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner; la Ministra del Desarrollo y la Inclusión Social de Perú, Silvana Vargas; la Profesora de la Universidad Tulane, Nora Lustig; y el Director Ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

El evento tenía como propósito plantear la hoja de ruta para enfrentar el impacto de la pandemia sobre los logros en la reducción de pobreza y desigualdad alcanzados durante el boom de los commodities. Para el panel, la crisis del COVID-19 desnudó los problemas estructurales de la región, por lo que es imperativo que las políticas no se centren en el escenario más inmediato, sino que garanticen un progreso económico y social sostenido en el tiempo.

En línea con ese propósito, Luis Fernando Mejía enfatizó durante su intervención en la necesidad de implementar reformas estructurales “que aumenten la progresividad y eficiencia de la política fiscal y eliminen las barreras a la productividad y el crecimiento económico.” Según Mejía, es fundamental reformular de manera integral las políticas social, tributaria, pensional y laboral para generar un impacto generalizado que encauce la región hacia el rumbo que tenía antes de la pandemia.

En el caso de Colombia, durante el periodo 2000-2014 “se logró la cuarta reducción más grande en las tasas de pobreza (alrededor de 19 puntos porcentuales, p.p., en pobreza moderada y 8 p.p. en pobreza extrema) y ​​una reducción de aproximadamente 2 p.p. en la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini.” Como era de esperarse, luego del choque se redujo considerablemente el crecimiento económico y la tasa de desempleo aumentó “pero la red de seguridad social con la que cuenta el país, que cubre alrededor del 50% de los hogares pobres, mitigó parcialmente las pérdidas de ingresos entre estas familias”, afirmó Mejía, destacando los esfuerzos del país por preservar los avances en materia social logrados en la última década. 

Sin embargo, la crisis del COVID-19 frenó abruptamente el crecimiento sostenido que llevaba el país y generó un retroceso en materia social sin precedentes: “la producción cayó un 6,8% en 2020 y el desempleo aumentó del 10,5% al ​​16% aproximadamente. Nuestras estimaciones implican que la pobreza aumentó 6,2 p.p., alcanzando al 41,9% de la población y revirtiendo las ganancias observadas durante los últimos 8 años.”

Si bien fue crucial el fortalecimiento de los programas sociales existentes y la creación de otros programas como “ingreso solidario” para evitar que las tasas de pobreza aumentaran en 2 p.p. adicionales, el foco de las políticas debe estar en procurar un crecimiento económico lo suficientemente robusto para jalonar el progreso social. Para ese fin, Mejía planteó los múltiples obstáculos con los que cuenta la región para el crecimiento, cómo enfrentarlos y qué es necesario reformar para consolidar estos avances en el tiempo.

En el libro “Descrifrar el Futuro”, la más reciente publicación de Fedesarrollo, Mejía junto a otros autores identifica varias barreras que impiden el crecimiento y la productividad: 1) la baja calidad de las instituciones (cumplimiento de los contratos y prevalencia de la corrupción), 2) la ausencia de competencia en mercados clave que se deriva en gran medida de la baja exposición al comercio internacional, 3) la mano de obra informal que se extiende al 60% de la fuerza laboral, 4) bajos niveles y bajo crecimiento de la inversión pública en infraestructura y 5) baja inversión en innovación e investigación y desarrollo.

Un desafío complementario es “aumentar la progresividad de la política fiscal, pues, en la actualidad, ésta cambia muy poco la distribución del ingreso antes y después de impuestos y transferencias.” Según el Director de Fedesarrollo, esto se debe a 1) un sistema tributario con bajos niveles de impuesto sobre la renta de las personas naturales y poca progresividada, y 2) la existencia de algunas transferencias y subsidios que son particularmente regresivos y que no están adecuadamente focalizados (por ejemplo, el 54% de los subsidios a las pensiones llegan al quintil superior y solo el 5% llega al quintil más bajo).

En ese sentido, Mejía planteó lo que considera son las políticas clave para enfrentar estos desafíos:

Primero, lograr una verdadera apertura comercial y diversificar los bienes exportables. Esto requerirá una reducción de las barreras comerciales y no comerciales existentes y el diseño de políticas de desarrollo productivo dirigidas a resolver las fallas del mercado o del gobierno que impidan que las empresas nacionales participen en las cadenas de valor globales o, en un nivel más básico, aprovechen los tratados de libre comercio.

En segundo lugar, construir consensos para la discusión de reformas fiscales que aumenten las bases impositivas, especialmente para los ingresos personales, que eliminen exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales, y combatan la evasión a través de una mejor administración tributaria. El fortalecimiento de las redes de seguridad social mediante una mayor cobertura y transferencia a los hogares podría ayudar a construir estos consensos.

En tercer lugar, revisar y ajustar los contratos sociales existentes. Las exclusiones continúan siendo generalizadas en América Latina, pues limitan en gran medida las oportunidades de movilidad social y crecimiento económico. Hay tres aspectos de los contratos sociales que merecen especial atención: el acceso a los mercados laborales formales y las pensiones (dos caras de la misma moneda) y el acceso a una educación de alta calidad.

La informalidad en América Latina en promedio está alrededor del 60%, por lo que la gran mayoría de la fuerza laboral corre el riesgo de caer en el desempleo y se enfrenta a un panorama incierto después de la jubilación, ya que no contribuyen a las pensiones. “Para este fin, procurar una reducción de los costos laborales no salariales ha sido un instrumento particularmente útil para incrementar la formalidad, como lo demuestra la reforma tributaria de 2012 en Colombia” explicó Mejía.

Así, pues, es evidente que promover la formalidad tiene efectos sustanciales en la protección para la vejez, pero en tanto que este es un proceso complejo y largo, “es necesario incrementar la cobertura de los esquemas no contributivos, pues son altamente progresivos y podrían eliminar el riesgo de pobreza en los adultos mayores”, concluyó el Director de Fedesarrollo.

Por otra parte, para Mejía no es conveniente financiar la salud a través de un impuesto al empleo formal, como ocurre en Colombia. La cobertura universal implica que los trabajadores pueden permanecer informales y seguir teniendo acceso a los servicios de salud. Ante esta situación, propuso migrar hacia un modelo que financie la salud a través del impuesto sobre la renta, o al menos, hacia un impuesto progresivo sobre los salarios iniciando en 0% para ocupados con ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo.

Finalmente, en términos de educación, es importante destacar que los años de escolaridad han aumentado en toda la región, pero aún se mantienen por debajo de los observados en los países asiáticos. En todo caso, aún hay grandes brechas que cerrar en calidad y cantidad: en promedio, el quintil inferior recibe 5 años menos de educación en comparación con el quintil superior. “Esta es una barrera importante para la movilidad social. Los años ajustados por calidad son mucho más bajos. Colombia tiene un promedio de 8,3 años de educación en comparación con los 12,8 años de Japón. Las cifras ajustadas por calidad son 6,1 años para Colombia y 12,4 para Japón. Por lo tanto, aumentar el acceso y la calidad de la educación es clave para la movilidad social y el crecimiento económico” destacó el director de Fedesarrollo.

Durante el evento se reconoció la fragilidad política y social en la que la crisis del COVID-19 dejó a la región, pero para los panelistas esta es una oportunidad invaluable para lograr las reformas ambiciosas que se requieren. “El éxito dependerá de manera crucial de la cuidadosa construcción de consensos y de la secuencia en la que se implementen las reformas” concluyó el Director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

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